jueves, noviembre 21, 2024

Estado de los ESTADOS

 

Lilia Arellano

 

“Frente al vicio y al crimen, el Estado no debe tener

más que una actitud, y es la guerra”: Alberto Masferrer

 

  • México en abierta encrucijada
  • Alarma a agencias de EU y especialistas el poder narco
  • Palo a reforma electoral de AMLO; juez frena “Plan B
  • Cobro de piso” oficializado: autora: Delfina Gómez A.

 

Todas las pruebas y evidencias confirman el avance del narcotráfico en México, el poco interés del régimen en  combatirlo o siquiera frenarlo, los presuntos pactos con las organizaciones criminales, quienes tienen carta blanca en esta gestión, manteniendo en negación lo evidente. Los problemas se siguen sumando en materia de seguridad, con ejecutados y desaparecidos a niveles históricos nunca vistos.  Además, los intentos por consolidar la transformación publicitada por el gobierno a través de la “corcholata Juanita”, Claudia Sheinbaum, se topan con la solidez del Poder Judicial, en donde se congelaron, por el momento, los cambios a leyes secundarias del llamado “Plan B”, dejando las reglas del juego electoral como estaban antes de la aprobación y publicación de los cambios ambicionados.

Además de los reportes de las agencias de inteligencia del gobierno de Estados Unidos, como la Administración para el Control de Drogas (DEA), sobre el avance de los cárteles del narcotráfico en México y su papel preponderante en el tráfico de estupefacientes, en especial el letal fentanilo, hacia el vecino del norte, remarcando su control del territorio mexicano, también la Iglesia Católica confirma el avance del crimen organizado el cual ha llegado a tener total control de ciertas partes del territorio nacional y acusa colusión con autoridades de todos los niveles de Gobierno. Obispos de México tendrán en las próximas semanas un  encuentro con el Papa Francisco en el Vaticano, y sus reportes al Sumo Pontífice refutarán los dichos de las autoridades negando el dominio de los cárteles de la droga en amplias regiones del país, como lo afirmó el pasado jueves 23 el secretario de Estado de EU, Antony Blinken, ante el Senado de su país.

El Obispo de Morelia, Carlos Garfias Merlo, puntualiza en el control y la violencia presente en todas las zonas limítrofes del país y entre los estados. “Desde mi experiencia el tema se agudiza en las fronteras. Si lo queremos ver como país, el problema más fuerte lo tenemos en la frontera con Estados Unidos y en la frontera con Centroamérica. Y si lo queremos ver en el interior, hay un tema gravísimo entre la frontera de Jalisco y Michoacán, entre Guanajuato y Michoacán, la frontera entre Guerrero y Michoacán; ahí se ve la problemática. Si uno sale de su pueblo, de su tierra donde está viviendo para atender un compromiso, no sabes qué puede pasar en el transcurso del día cuando vas por la frontera”, según lo declaró a la revista Proceso.

Los obispos de la Iglesia católica trabajan en estos momentos en el diagnóstico que entregaran al Papa Francisco, el cual hace hincapié en la negligencia del gobierno para combatir a los cárteles de la droga. Garfías Merlo comentó que los obispos tuvieron mucha esperanza con la llegada de López Obrador a la Presidencia, pues, pensaron, se podría avanzar en la formación del Consejo Nacional para la Construcción de la Paz y la Reconciliación y se ofrecerían alternativas para enfrentar la violencia e inseguridad resentida en el país. “He tenido tres encuentros con el presidente López Obrador, pero siempre dice que va a mandar a Beatriz (Gutiérrez, su esposa). Esa es la respuesta que da para los obispos católicos cuando le pedimos algo. Nos contesta: “Les voy a manda a mi esposa”, porque la ha tenido como interlocutora con la Iglesia Católica. Pero ella no opera, lo único que dice es “yo le paso su saludo al Presidente. A la fecha no se ha podido avanzar con el titular del Ejecutivo Federal y sólo han logrado mantener contacto y el diálogo con funcionarios de la Secretaría de Gobernación.

Por su parte, Anne Milgram, directora de la DEA, dejó en claro cuál es su misión actual: “proteger la salud y seguridad de los estadounidenses”. Señaló a los cárteles mexicanos de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación (CJNG) de estar operando en más de 40 países alrededor del mundo traficando fentanilo y metanfetaminas “causando daños catastróficos en comunidades de todo Estados Unidos”. La DEA, en su última Evaluación Nacional de la Amenaza de las Drogas, confirmó: Los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación son los dominantes en México, con presencia en lugares estratégicos y en la frontera norte para el tráfico de drogas.

Según estos reportes, el Cártel de Sinaloa, liderado por las facciones de Los Chapitos, de Ismael El Mayo Zambada, y de Aureliano Guzmán, El Guano, opera en 15 de los 32 estados, principalmente los del noroeste, donde controla el narcotráfico. Este grupo criminal tiene la mayor presencia internacional en comparación con el CJNG y otras organizaciones mexicanas, lo cual, según la DEA, le da ventaja para exportar y distribuir cantidades al por mayor de fentanilo, heroína, metanfetamina, cocaína y marihuana a Estados Unidos.

Para la DEA, el CJNG, liderado por el michoacano Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, es el grupo criminal de más rápido crecimiento, con presencia importante en 23 entidades mexicanas. Controla el puerto de Manzanillo, considerado la principal conexión de México con Asia, de donde proviene la mayoría de los precursores químicos para la elaboración de drogas sintéticas. La rápida expansión de esta organización  se debe a la violencia de sus integrantes contra las fuerzas del gobierno mexicano y cárteles rivales. “Como la mayoría de los principales cárteles mexicanos, el CJNG es un grupo polinarcotrafiante que fabrica y distribuye grandes cantidades de fentanilo, heroína, metanfetamina y cocaína”, por varios corredores de tráfico en el norte de México a lo largo de la frontera con Estados Unidos.

La Armada de Guatemala precisó: el CJNG opera en el norte del territorio, donde se ubican los departamentos de Petén, Huehuetenango, Quiché, Alta Verapaz, colindante con Campeche, Tabasco y Chiapas. Mientras el Cártel de Sinaloa tiene influencia en el sur guatemalteco, pegado a la costa del Pacífico, integrado por San Marcos, Quetzaltenango, Retalhuleu, Escuintla, Santa Rosa, Jutiapa. En la región central de Guatemala hay presencia de “ambas organizaciones, lo que podría llamarse un área de disputa o bien un área sin definir, con muy poca influencia”.

Con el gobierno actual la DEA está más mucho más limitada. La división México creó una unidad para hacer frente a los cárteles de la droga desde septiembre de 2022. Sin embargo, en el presente se ha diezmado su presencia aún y cuando  sigue habiendo suficientes agentes en la Ciudad de México, en Guadalajara, en Monterrey y en Ciudad Juárez, por lo menos. Se trata de equipos de gabinete concentrados en la inteligencia, la investigación, con acciones más a fondo en las operaciones financieras, checando cómo funcionan las  cadenas de mando, los jefes regionales, buscando los momentos para, junto con el gobierno mexicano, si éste quiere, actuar en consecuencia.

De acuerdo con los especialistas, el problema de la DEA en México es que el presidente “no los quiere, los detesta y ellos lo saben”, señaló el abogado y ex agente Jaime Ortiz, desde El Paso Texas, en una entrevista con El Universal. “¿Qué se puede hacer contra eso? Nada, porque además está visto que el actual gobierno mexicano protege a los cárteles como nunca se ha visto. Situaciones como ésta, de tanto maltrato de un gobierno federal mexicano contra la DEA no se había dado en ningún gobierno anterior desde que existe la guerra contra las drogas, iniciada en la década de los 50. Todos los gobiernos anteriores hicieron más o menos esfuerzos para la lucha contra las drogas; pero ahora, el tema se ha agravado absolutamente en todos los frentes relacionados con narcotráfico y seguridad pública”.

Otra preocupación apunta al gobierno mexicano a su terquedad de mantenerse infiltrado por los cárteles, como sucedió con la administración de Felipe Calderón con el ex secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna. “La condena reciente de Genaro García Luna (…) muestra el nivel de influencia que los cárteles tienen en México. La pregunta que viene a mi mente cuando un funcionario mexicano es acusado en Estados Unidos es: ¿Por qué el gobierno mexicano no busca justicia por sí mismo? México es un narcoestado abierto a negocios con cualquier poder extranjero u organizaciones terroristas dispuestas a pagar su influencia política y ante el costo del control de la frontera con Estados Unidos”, dijo Jason Grellner, vicepresidente de la organización Healthcare, Evolv Technology.

Estos señalamientos ocurren en medio de fuertes críticas de legisladores republicanos y demócratas al régimen en materia de combate al tráfico de drogas, y aseguran hace falta un acercamiento más agresivo para los cárteles. Pero ¿cómo lograrlo cuando se oficializa el pago del derecho de piso a través de los descuentos al salario de los burócratas? Además, se premia a quienes lo vienen practicando: Delfina Gómez descontaba el 10% y después de ser calificada y juzgada como delincuente electoral, le entregan la candidatura del Estado de México y, al director del “Instituto Chucho el Roto” del creado para robarle al pueblo lo robado, en donde les quitaban el 30 por ciento del salario para dejarlos seguir trabajando, solamente le piden se retire para “llevar a cabo investigaciones”.

¿Quién le aprendió a quien? ¿Los mafiosos alos de cuello blanco o viceversa?

DE LOS PASILLOS

Tras la decisión del ministro Javier Laynez Potisex de admitir a trámite y suspender la aplicación del ”Plan B”, la Consejería Jurídica de la Presidencia informó impugnará está determinación y señaló: “el Ejecutivo federal no permitirá que se violente la Constitución ni el orden jurídico mexicano”. Por ello, solicitará al Pleno de la SCJN revocar el acuerdo que admite a trámite dicha controversia, así como la medida suspensiva…. De acuerdo con diputados de oposición, el “Plan B”  se puede anular en definitiva porque es muy endeble en términos jurídicos, pues tiene deficiencias en su aprobación, en su contenido y en su constitucionalidad…

En Quintana Roo se festina la decisión del presidente de cancelar las operaciones de Calica. Desde hace décadas se ha venido pugnando porque se frene tal depredación, este ataque a la naturaleza. Lástima no se tenga el mismo criterio para evitar la devastación llevada a cabo en la construcción del Tren Maya. Tal parece va una por otra y eso hace a ambas acciones deleznables.

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