“El camino es arduo pero hoy en día lo pueden hacer”, manifestó e invitó a las comisarías a ejercer este derecho para generar sus prioridades de desarrollo, ejercer como gobierno. No obstante, dijo que esto requiere un gran nivel de unidad y organización. “Esto tiene un costo, es desgastante, requiere mucha organización y un buen nivel de unidad dentro del pueblo”, manifestó.
El funcionario indicó que pueden acercarse a la dependencia para que les apoyen en las gestiones y así poder conseguirlo; sin embargo, señaló que esto se lograría de manera más sencilla con las reformas constitucionales sobre pueblos originarios, que sigue “atorada” en la Consejería Jurídica del gobierno federal.
Durante un encuentro maya, realizado en Valladolid el pasado 25 de septiembre, comisarías de Mérida señalaron que ante la falta de apoyos para infraestructura, servicios urbanos, salud y movilidad plantean la posibilidad de ser comunidades autónomas y así tener control sobre sus territorios y no depender del ayuntamiento.
“Las comisarías no son prioridad para el ayuntamiento de Mérida”, denunciaron.
Líderes comunitarios expusieron que el municipio ha dejado en el abandono a muchas comisarías, pues las calles no han sido atendidas, tienen baches, falta de alumbrado público, parques, transporte público y unidades médicas.
Juan Carlos Martínez explicó que hay antecedentes de otras comunidades en Michoacán, Oaxaca que han logrado su autonomía, y ahora gestionan sus propios recursos sin depender de los gobiernos locales.
Aunque dijo que en muchos casos se deben pasar por juicios, incluso llegar hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Añadió que el INPI les ofrece reconocimiento como comunidad indígena, gestionan su registro ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT), para que les den su RFC, y eso les da personalidad jurídica para defender su derecho al libre desarrollo, autogobierno.
Si bien, aclaró que no existen partidas presupuestales claramente asignadas para las comunidades indígenas, a través del Ramo 33 Y 27 se ha trabajado con el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) para crear medidas que impulsen la participación política en los municipios y que los gobiernos municipales le den prioridad a las propuestas de desarrollos de los pueblos originarios para que les transfieran recursos de manera directa.
También, destacó que el INPI ha conseguido que instancias como Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (Indep) destine recursos a las comunidades.
